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El Gobierno ha hablado de proteger a la clase media. Sin embargo, en educación no ha hecho más que darles la espalda. Niega las justas demandas de los profesores, hoy movilizados por un trato digno y porque le reconozcan sus derechos. Omite una solución a los cientos de miles endeudados.

Fortalece las medidas punitivas a los estudiantes movilizados, al mismo tiempo que los hace a competir junto a sus padres por la escasa “Educación de calidad”. Esos estudiantes, profesores, endeudados, apoderados son la “clase media”. Y es necesario escucharla, y apuntar a que sus expectativas de desarrollo no se vean frustradas por un sistema en donde han predominado los intereses de unos pocos. Y para lograr ese objetivo, la educación pública debe estar al centro, y no ser omitida. Aún estamos a tiempo de que el gobierno y el Ministerio de Educación abandone el cálculo pequeño, el discurso demagógico, para abordar los grandes desafíos que tenemos en educación.

En la reciente cuenta pública, el presidente Piñera señala a la “Educación de Calidad para Todos” dentro de sus 5 prioridades y agenda para el futuro. En sus palabras, el instrumento más poderoso para el desarrollo integral de las personas y de país. Sin embargo, el contenido de esta agenda reitera lo que ha sido la tónica de este gobierno: propuestas principalmente comunicacionales y demagógicas, que no resuelven los problemas que dicen enfrentar. Y si contrastamos estas agendas con las acciones u omisiones del ministerio de Educación, la situación se vuelve aún más preocupante, donde nuevamente anotamos como gran ausente la recuperación y fortalecimiento de la Educación Pública.

En cuanto a la educación preescolar, observamos propuestas por aumentar el financiamiento, por medio de la creación de una nueva subvención. Si bien es imprescindible mejorar la cobertura y el financiamiento de este sector, la forma en que ello se realiza es sumamente relevante. El gobierno en vez de apuntar a expandir y fortalecer la educación parvularia pública, gratuita y de calidad a cargo de JUNJI, opta por crear un nuevo voucher apuntando hacia una expansión del sector privado.

En materia escolar se reitera el discurso que hemos estado escuchando desde el arribo de la ministra Marcela Cubillos a la cartera. Se apunta , por un lado, a “un puñado de delincuentes” como los responsables del deterioro de la educación pública, al mismo tiempo que señala como solución a los problemas de admisión “valorar el mérito”. Este discurso se desentiende de los problemas de fondo de nuestra educación escolar. El sostenido abandono de la educación pública, municipalizada y obligada a competir por recursos en el mercado, ha tenido como resultado problemas estructurales que dicen relación la infraestructura, las condiciones laborales de los profesionales de la educación y de la convivencia escolar. Sin embargo, se nos obliga a concentrar la discusión en cómo distribuir escasez de “establecimientos de calidad”, oponiendo el “mérito” al “azar”, sin enfrentar el problema real. Es más, observamos cómo aquellas medidas que, con sus imperfecciones, apuntan a fortalecerla, son implementadas de forma deficitaria o retardada, como el caso de la implementación de la ley de Nueva Educación Pública y de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública, respectivamente. Nota aparte las formas de abordar los problemas de convivencia al interior de las escuelas, utilizando un pequeño grupo de experiencias para establecer medidas punitivas, más que apuntar a la formación de las comunidades educativas para la prevención de la violencia y el mejoramiento del clima escolar.

En Educación Superior, se afirma el avance en el cumplimiento de un “doble compromiso”: que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos, y que ninguna familia vea transformado en una pesadilla el tener un hijo profesional, en virtud de las deudas. Para ello se apunta a expandir la gratuidad en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, así como en la creación de un nuevo crédito que reemplazaría el CAE. Estas propuestas se desentienden de los principales problemas del financiamiento, a saber, los problemas asociados a la gratuidad, y la necesidad de disminuir efectivamente el endeudamiento de las familias. Es más, frente a las distintas iniciativas de las instituciones del CRUCh para enfrentar el déficit de gratuidad, el gobierno no solo ha cerrado las puertas, sino que ha apuntado a que ellas fracasen, como ocurrió con el uso de excedentes del Fondo Solidario en el Tribunal Constitucional. En materia de endeudamiento, se propone cambiar a la entidad administradora de los créditos e introducir cambios paramétricos, omitiendo la entrega de una solución real a cientos de miles de familias actualmente endeudas. Todas estas situaciones se hicieron presente al Ejecutivo, por medio de una carta firmada por todos los senadores de la oposición, sin embargo aún no tenemos respuestas.

El Gobierno ha hablado de proteger a la clase media. Sin embargo, en educación no ha hecho más que darles la espalda. Niega las justas demandas de los profesores, hoy movilizados por un trato digno y porque le reconozcan sus derechos. Omite una solución a los cientos de miles endeudados. Fortalece las medidas punitivas a los estudiantes movilizados, al mismo tiempo que los hace a competir junto a sus padres por la escasa “Educación de calidad”. Esos estudiantes, profesores, endeudados, apoderados son la “clase media”. Y es necesario escucharla, y apuntar a que sus expectativas de desarrollo no se vean frustradas por un sistema en donde han predominado los intereses de unos pocos. Y para lograr ese objetivo, la educación pública debe estar al centro, y no ser omitida. Aún estamos a tiempo de que el gobierno y el Ministerio de Educación abandone el cálculo pequeño, el discurso demagógico, para abordar los grandes desafíos que tenemos en educación.

 

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