Debemos evitar el “rebote” entre la demanda ciudadana y una política que juegue a escenarios de normalización artificiales. Debemos hacerlo con la mente amplia, con sobriedad y sin prejuicios. 

Las calles nos siguen mostrando lo que muchos centros de estudios e investigadores de las ciencias sociales venían señalando hace un tiempo: una olla a presión, cargada de malestares y malos tratos. Nadie pudo anticipar la fecha ni la forma, pero sí muchas y muchos se preguntaban cómo era posible que esta olla no reventara con el cóctel de ingredientes que llevaba dentro, mezcla a la que en términos genéricos se le daba una etiqueta: desigualdad.

A propósito del debate abierto a partir de la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara sobre la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, proyecto emblemático de la diputada Camila Vallejos, existe una arista poco explorada, interesante para este debate, y que logra dejar al descubierto el antagonismo de fondo, entre la flexibilización laboral y la seguridad social.

Se ha dado espacios de injustificada tolerancia al extremismo manifiesto en protestas estudiantiles. Las protestas protagonizadas por “encapuchados” han ido creciendo en inexplicable violencia, no sólo contra la policía que intenta controlar los desmanes, sino también ahora último contra profesores, peatones y los propios estudiantes.