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Se ha dado espacios de injustificada tolerancia al extremismo manifiesto en protestas estudiantiles. Las protestas protagonizadas por “encapuchados” han ido creciendo en inexplicable violencia, no sólo contra la policía que intenta controlar los desmanes, sino también ahora último contra profesores, peatones y los propios estudiantes.

En el Instituto Nacional, como en otros colegios públicos de la Región Metropolitana, los profesores y funcionarios son coaccionados por distintos medios, creándose un clima de amenaza que elimina el ambiente necesario para la educación. En la Universidad de La Serena, los violentistas ingresaron a la Casa Central agrediendo a funcionarios y personas que estaban en el recinto, con el objeto de impedir el normal desarrollo del trabajo académico. Este tipo de actos se repite en otras universidades del país.

En el Campus Gómez Millas de la Universidad de Chile, grupos de encapuchados agredieron en forma salvaje a una estudiante, bajo la acusación de “ser de derecha”. También, en días pasados, golpearon de manera inmisericorde al hijo de una Diputada acusado de estar registrando los actos en desarrollo. Si esto último no hubiese acontecido, es probable que este tipo de hechos haya continuado sin ningún tipo de visibilización ante la opinión pública y las autoridades.

Pero esto ocurre ya hace tiempo, y viene creciendo como una nefasta oleada encabezada por activistas cuyo propósito no es propiciar ideas ni presentar reclamos ante otras, tampoco alegando que no se les ha escuchado ni que no tengan acceso al diálogo con la autoridad. No hay planteamientos u objetivos claros; el propósito es simplemente destruir y amedrentar, creando la amenaza como un medio para sostener el reinado de una violencia inconducente, que además deteriora el trabajo de instituciones de una tradición y prestigio cada vez más cuestionado.

Por cierto que contribuye al retroceso innegable que ha experimentado la educación pública, y en el caso de la Universidad de Chile a deteriorar su imagen y la seriedad de su trabajo académico. Hay que quitarle los espacios y eventuales derechos a los que propician la violencia, y es toda la comunidad la que debe reaccionar. Las autoridades deben mantenerse firmes en defensa de todos los miembros de la comunidad educativa, hoy día amenazados por la insensatez del terrorismo y la violencia.

 

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